El gobierno de Jalisco presentó la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco" como una solución moderna: un plástico con el que las personas podrían acceder al subsidio al transporte y tramitar otro tipo de servicios. Pero detrás de esa narrativa de modernización había algo mucho más grande: un contrato multianual con la empresa Servicios Broxel, una empresa de tecnología financiera (fintech) con antecedentes regulatorios problemáticos y cuestionamientos en otras contrataciones públicas.

El expediente oficial de la licitación LPN 690/2025 muestra que la Secretaría de Administración de Jalisco contrató un "servicio integral para la modernización de la entrega de beneficios para las personas 'Al Estilo Jalisco'". En otras palabras, no se trataba solo de una tarjeta para subir al camión. El sistema integraba preregistro digital, administración de cuentas, emisión de plásticos, dispersión de recursos y conexión con la infraestructura del recaudo del transporte.

Datos clave del contrato

$272.6M

Monto adjudicado
(octubre 2025)

$5.45

Pesos/mes por
tarjeta activa

5M

Proyección máxima
de usuarios

$327M

Ingreso anual potencial
para Broxel (proyección)

La dimensión económica del proyecto también era considerable. El esquema podía crecer hasta un costo anual potencial de hasta 327 millones de pesos al año. Esto se debe a que el cobro no es por viaje realizado, sino por mantener activa la infraestructura de tarjetas y cuentas. Además, el modelo preveía una compra mínima por parte del gobierno de dos millones de tarjetas, lo que significa que, aunque el sistema no creciera, el gobierno ya estaba comprometido a pagar por ese volumen.

Además, la participación de Broxel agregó otra capa de preocupación. En enero de 2026, la propia Secretaría de Buen Gobierno informó que daba seguimiento a un procedimiento de inconformidad en una licitación nacional de vales de despensa en la que participó Servicios Broxel. Medios locales retomaron ese antecedente justo cuando en Jalisco comenzaba el registro para la tarjeta vinculada al subsidio.

Antecedentes regulatorios documentados: En los registros públicos de sanciones de la CNBV aparece una sanción contra Broxel Transfer relacionada con el artículo 95 Bis de la ley que regula este tipo de empresas financieras. Ese artículo tiene que ver con las reglas para prevenir operaciones con dinero de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Esto no significa automáticamente que la empresa haya lavado dinero o financiado actividades ilegales. Lo que sí significa es que la autoridad financiera detectó un incumplimiento en un tema sensible de supervisión, relacionado con controles que estas empresas están obligadas a tener.

El problema no era solo la empresa. Era el diseño mismo del programa entre Broxel y Jalisco. La tarjeta propuesta por Jalisco no era un simple plastico para acceder al subsidio del transporte: opera como un hibrido entre un monedero y servicios financieros. Además, para acceder a la trajeta, se necesitaba realizar un un preregistro que pedía la captura de datos personales para procesar el beneficio. Ahí aparece una de las preguntas más delicadas del caso: ¿Por qué el gobierno decidió vincular el subsidio del transporte a una infraestructura financiera privada en lugar de aplicarlo directamente a través del sistema de recaudo? ¿Qué problema específico resolvía la tarjeta que no pudiera resolverse con el modelo actual?

La otra gran pregunta es política. Si el gobierno ya terminó dandole marcha atrás a la Tarjeta Única, y aseguró que la tarjeta no sería necesaria para que todas las personas accedieran al subsidio, entonces el dilema cambia de enfoque. El hecho de que los legisladores esten buscando auditar y transparentar el uso del subsidio al transporte publico apunta a que aún quedan muchas carencias en la rendicion de cuentas y la transparencia. Y aún más, faltan opotunidades para que el subsidio se use de forma que mejore las condiciones de las personas que lo pagan. Por ejemplo, en una entrevista con El Diario NTR, la diputada de Futuro, Tonatzin Cárdenas propuso que se podrían proponer cambios tangibles al transporte público como condiciones para que continue el subsidio.

Preguntas que siguen sin respuesta

  1. ¿Qué obligaciones económicas del contrato con Broxel siguen vigentes después de que se retiró el requisito de la tarjeta?
  2. ¿Cuántas tarjetas se emitieron durante el período de preregistro?
  3. ¿Cuánto se ha pagado ya a Broxel?
  4. ¿Qué ocurrió con los datos personales recabados durante el preregistro?
  5. ¿Bajo qué protocolo se gestiona esa información con un proveedor privado bajo contrato vigente hasta 2030?

El problema de Broxel en Jalisco no es solo que una empresa cuestionada que obtuvo un contrato millonario con el gobierno. Es también la forma en la que el gobierno intentó resolver un conflicto tarifario con una infraestructura opaca, privatizada y altamente datificada. El subsidio al transporte no solo iba a pasar por una tarjeta; iba a pasar por una infrastructura financiera donde se mezclaban dinero público, datos personales y un proveedor privado con antecedentes suficientes para exigir un escrutinio mucho más serio desde el inicio.