El transporte público de Jalisco se mueve bajo un modelo concesionado a privados. En el padrón abierto de concesionarios aparecen 310 rutas, 6,264 vehículos autorizados y 145 empresas operadoras. Pero al revisar las fechas y los plazos registrados, salta una anomalía: 280 de esas 310 rutas, el 90.3%, aparecen fuera del periodo de vigencia capturado en la base.

90.3%

De las rutas del padrón aparecen fuera de su período de vigencia registrado. Eso equivale a 280 de 310 rutas.

Visto así, el dato parece escandaloso. Sin embargo, hay que leerlo con cuidado. Con la información disponible en el padrón abierto, no es posible afirmar, por sí sola, que esas 280 rutas estén operando de manera ilegal. La ley vigente de Jalisco establece que una concesión puede solicitar prórroga o renovación al terminar su plazo, y que solo se extingue por vencimiento cuando esa prórroga o renovación no es autorizada.

Entonces, el problema no es solo que muchas concesiones "parezcan vencidas" en la base. El problema es que el propio padrón abierto no transparenta si esas rutas cuentan con una prórroga, una renovación o algún otro acto administrativo que mantenga vigente su situación jurídica. El registro oficial muestra fechas y plazos, pero no permite saber con claridad si esos permisos siguen vivos o no.

Contradicción interna del registro: En el mismo padrón, 300 rutas aparecen con "asignación vigente" en su estado oficial, aunque la revisión de fechas y plazos arroje que la mayoría ya rebasó el período registrado. El documento oficial dice al mismo tiempo que casi todo está vigente y que una parte enorme del sistema ya excedió su plazo en papel.

El análisis también detectó otras señales de desorden. 8 rutas aparecen registradas sin ningún camión asignado: existen en el padrón, pero sin unidades concesionadas asociadas. Y la duración más común de los permisos capturados es de apenas dos años — muy por debajo de la idea de planeación de largo plazo que exige un sistema de transporte estable.

La ley establece que el Registro Estatal debe inscribir las concesiones, así como las modificaciones que sufran. También obliga a las empresas operadoras a proporcionar la información necesaria para conservar actualizados sus registros, y el reglamento señala que eso debe ocurrir a más tardar 15 días hábiles después de cualquier modificación. Aun así, el padrón abierto entregado por la propia autoridad no permite reconstruir con claridad la vigencia real de las concesiones.

Para una ciudad donde millones de personas dependen del camión para ir a trabajar, estudiar o atender su vida cotidiana, esta no es una inconsistencia menor. Habla de un ecosistema concesionado a empresas privadas, pero con información pública insuficiente para responder preguntas básicas: quién opera qué ruta, con qué título vigente, hasta cuándo, y bajo qué condiciones. Si el registro público no puede responder eso con claridad, entonces el problema ya no es solo administrativo. También es de transparencia.